Una cuestión de indudable interés práctico en el ámbito del despido disciplinario es determinar el valor que debe otorgarse a la confesión del trabajador cuando esta se produce con posterioridad a que la empresa le confronte con una prueba obtenida mediante un sistema de control que, posteriormente, es declarado ilícito por vulnerar derechos fundamentales. Es decir, un caso en que la empresa identifica un comportamiento presuntamente ilícito o delictivo a través de una videocámara, del registro del ordenador u otro mecanismo de control empresarial y, posteriormente, dicha prueba es considerada nula en sede judicial; y, sin embargo, el trabajador reconoce los hechos tras serle mostradas esas evidencias en la empresa. La cuestión jurídica radica en si esa confesión constituye un medio de prueba autónomo y válido o, por el contrario, queda contaminada por la ilicitud originaria conforme a la doctrina del “fruto del árbol envenenado”.
Esta problemática ha sido abordada de forma expresa por la reciente STS de 28 de enero de 2026 (rec. 1947/2024), cuya descarga se facilita al final de esta entrada. El Tribunal Supremo concluye que la confesión posterior del trabajador es válida y puede sustentar la procedencia del despido, aun cuando la prueba tecnológica que permitió descubrir los hechos hubiera sido declarada ilícita. Para fundamentar esta posición, la Sala acude a la doctrina del Tribunal Constitucional en el ámbito penal, en particular a la STC 86/1995, de 6 de junio, que admite la validez de la confesión obtenida con posterioridad a una prueba ilícita siempre que aquella tenga autonomía propia.
HECHOS DEL CASO
Un trabajador de una empresa contratista de mantenimiento prestaba servicios en las instalaciones de una empresa principal del sector aeronáutico. En ese centro de trabajo, el vigilante de seguridad detectó un comportamiento sospechoso: otro operario había dejado bolsas con material de alto valor (virutas y piezas de titanio) en un cuarto que no era el destinado a su almacenamiento.
Ante esa sospecha, el vigilante utilizó las cámaras de seguridad del centro para observar si alguien retiraba el material. Las cámaras eran visibles, estaban señalizadas por el cartel del art. 22.4 RGPD.
Las grabaciones mostraron cómo el trabajador accedía al cuarto, recogía las bolsas con el material y las introducía en una furgoneta de su empresa, abandonando después la planta. Posteriormente, el trabajador reconoció los hechos y devolvió el material sustraído, lo que llevó a la empresa principal a desistir de la vía penal.
El TSJ del País Vasco consideró ilícita la prueba de videovigilancia y, aplicando la doctrina del “fruto del árbol envenenado”, declaró nulo el despido al entender que la nulidad de la prueba contaminaba el despido.
FUNDAMENTOS DEL TS
El Tribunal Supremo articula su razonamiento en dos planos.
En primer lugar, descarta que la eventual ilicitud de la prueba de videovigilancia determine automáticamente la nulidad del despido. Para ello acude a la doctrina de la STC 61/2021, de 15 de marzo, conforme a la cual la nulidad de una prueba obtenida con vulneración de derechos fundamentales no genera, por sí misma, un derecho constitucional a la calificación del despido como nulo. La Constitución no impone una única consecuencia jurídica. La lesión del derecho fundamental en la obtención de la prueba puede conducir tanto a la improcedencia como a la nulidad del despido, dependiendo de los tribunales ordinarios.
En segundo lugar, una vez descartada la nulidad, el Tribunal Supremo analiza si, prescindiendo de la prueba viciada, subsisten elementos probatorios suficientes para acreditar el incumplimiento contractual. Es en este punto donde adquiere relevancia la confesión del trabajador. La Sala considera que dicha confesión constituye un medio de prueba autónomo y válido, apoyándose en la doctrina de la STC 86/1995, de 6 de junio, que admite la validez de la confesión posterior aun cuando haya existido previamente una prueba ilícita, siempre que aquella no sea meramente un reflejo automático de la prueba viciada y posea entidad propia.
Sobre esta base, el Tribunal Supremo entiende que la confesión del trabajador con objeto de retirar la denuncia penal por parte de la empresa, permite tener por acreditados los hechos constitutivos de la transgresión de la buena fe contractual. En consecuencia, considera procedente el despido disciplinario, al existir prueba suficiente independiente de la videograbación declarada ilícita.
STC 86/1995 REQUISITOS PARA VALIDEZ DE LA CONFESIÓN TRAS PRUEBA ILÍCITA
Esta sentencia, citada directamente por la sala de lo social para resolver el caso, establece que no siempre es válida la confesión, sino solamente cuando se dan una serie de requisitos:
- La eficacia probatoria depende del grado de conexión entre la prueba ilícita y la propia declaración del trabajador. Cuanto más directa e inmediata sea la relación causal, mayor será el riesgo de contaminación de la prueba.
2. En este sentido, el elemento temporal adquiere una relevancia central. El Tribunal Constitucional considera inválida la confesión obtenida de forma inmediata tras la confrontación con la prueba ilícita y sin garantías, mientras que admite como válida la que se produce con posterioridad, transcurrido un lapso de tiempo suficiente y en un contexto en el que el sujeto ha podido reflexionar y ejercer sus derechos.
3. Son determinantes las garantías formales. La presencia de asistencia letrada, el conocimiento efectivo de los derechos y la posibilidad real de no declarar operan como factores que rompen el nexo de dependencia respecto de la prueba nula y dotan de autonomía a la confesión.
En fin, en mi opinión, la clave reside en la autonomía de la voluntad declarativa. De esta forma, Solo cuando la empresa pueda demostrar que la confesión fue un acto libre, informado y no condicionado por la presión derivada de la prueba ilícita puede reputarse un medio probatorio válido. De lo contrario, si existe relación entre la prueba anulada y la confesión, sin que existan elementos que rompan dicha conexión, esta deberá considerarse nula aplicando la doctrina de la «fruta del árbol podrido»
Si te interesa la cuestión de la nulidad de la prueba por derechos fundamentales te recomiendo este artículo titulado CONTROL TECNOLÓGICO: UNA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL TRIPLE JUICIO DE PROPORCIONALIDAD CONFORME A LA NORMATIVA EUROPEA DE PROTECCIÓN DE DATOS, Documentación Laboral, 2022.
Y aquí acceso a la sentencia del Tribunal Supremo
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