La OIT ha publicado recientemente un informe en el que alerta sobre la extensión del empleo informal en los jóvenes de América Latina. Se trata del informe “Formalizando la informalidad juvenil: experiencias innovadoras en América Latin y el Caribe”.
La población de jóvenes (entre 15 y 24 años) en estas zonas es de 108 millones, de los que -según este informe- al menos 27 millones trabajan en la informalidad. Además, 6 de cada 10 nuevos trabajos se ofrecen bajo estas condiciones. Resulta difícil para estos jóvenes pasar a una situación de formalidad. Solo aquellos de mejor situación socioeconómica y mayor nivel educativo lo logran.
La OIT analiza las iniciativas en implementación para combatir la informalidad juvenil, agrupándolas bajo tres categorías:
-
Las iniciativas que actúan sobre la demanda de trabajo (principalmente subsidios a la contratación) y sobre la oferta (programas de formación y experiencia).
-
Las que buscan incentivar la formalización de trabajadores y sanciones, por ejemplo mediante beneficios tributarios o inspecciones laborales.
-
Las políticas de protección social para aquellos trabajadores informales que no acceden a la cobertura social: pisos protegidos, protección a la maternidad…
La efectividad de estos enfoques va a depender del contexto de cada país y de cómo se apliquen estas políticas. El grado de efectividad, según la OIT, no es siempre conocido por estos países, ya que no suelen analizar de forma rigurosa los efectos de las políticas sobre la formalización de los trabajadores.
Según este informe, habría tres retos a la hora de formular una política dirigida a solucionar el problema de la informalidad laboral juvenil. Primero, ver cómo es la situación y compararlo con las estrategias actuales. Segundo, evaluar qué opciones de política existen y simular cuál sería el efecto de cada una. Por último, planificar qué información debe recogerse con el fin de analizar el efecto de la implementación.