AUTOR: Stefano Bini, Ph.D.
Post-Doctoral Research Fellow
Universidad LUISS Guido Carli de Roma
El pasado 3 de julio, el Gobierno italiano aprobó el así llamado “Decreto Dignidad”: primer paquete de medidas sociales, que tiene como objetivo declarado «restaurar la dignidad a la vida de los italianos», en particular a través de la lucha contra el trabajo precario (en el decreto, se regula también el tema de la deslocalización así cómo de la ludopatía).
Se trata de un decreto adoptado con carácter de urgencia – definido por el Ministro de Trabajo y de Desarrollo Económico Luigi Di Maio cómo la “Waterloo de la precariedad laboral” – que, con referencia a la dimensión laboral, introduce modificaciones en la disciplina de trabajo a término, despidos ilégitimos y suministro de mano de obra. A este respecto, es necesario subrayar que no parece objetivamente claro cuales sean las razones justificativas de la urgencia.
En todo caso y más en detalle, las modificaciones que merecen atención son la siguientes.
Se prevé un límite máximo de 12 meses para la duración de los contratos temporales (hasta ahora de 36 meses), con posibilidad de 12 meses adicionales (máximo), con obligación de indicación de las causas de renovación. Es además aumentado el coste de la contribución para estos contratos, que pueden ahora ser prorrogados hasta cuatro veces (anteriormente, hasta cinco veces).
Las nuevas medidas contempladas en el decreto para el trabajo temporal se aplicarán también al trabajo interinal.
Otro ámbito especialmente significativo, respecto al que el Gobierno ha intervenido, es lo de los despidos ilégitimos, para los que la indemnización es aumentada en un 50%, hasta un máximo de 36 meses.
Pues bien, proponiendose aquí sólo una breve primera reflexión, con toda franqueza, no se puede negar cierta decepción ante la limitación del ámbito de intervención del decreto, que no parece coherente con la presentación, también mediática, de un decreto histórico para la dignidad de los trabajadores y, en particular, de los “nuevos trabajadores”. Sería importante (aunque no parece simple) profundizar la noción de dignidad – también a la luz de los valores constitucionales de referencia – para ver si y de qué manera estas medidas sociales pueden afectar la condición esencial del ser humano, que lo caracteriza de forma permanente.
En general, en el panorama de los primeros comentadores, hay quien habla de una posible “heterogénesis del propósito”, hipotizando también un aumento del trabajo precario, cómo potencial efecto de la entrada en vigor del decreto. Efectivamente, parece concreto el riesgo de un incremento del turn over de los trabajadores temporales y, por lo tanto, del trabajo precario, contrariamente a las finalidades declaradas por el Gobierno.
Por el contrario, no puede afirmarse que las medidas recientemente adoptadas sean, incluso, un peligro para la flexibilidad del mercado laboral italiano, cómo se ha observado por el lado de los empresarios y de los empleadores.
A la espera de desarrollar reflexiones más orgánicas, puede por ahora afirmarse que la reforma de la que se habla no parece representer un punto de inflexión, sino más bien un primer pulso, aunque la impresión que se infiere resulta bien resumida en el dicho: “mucho ruido y pocas nueces”. Por el momento.
Stefano Bini (sbini@luiss.it)