Desde 2016, el número de procesos de incapacidad temporal (IT) en España vinculados a problemas de salud mental se han duplicado: de unas 280.000 bajas entonces, hemos pasado a superar las 643.000 en 2024. El dato no solo refleja un aumento cuantitativo, sino también cualitativo, pues la gravedad de estos procesos es muy superior a la media. Mientras que una IT ordinaria dura alrededor de 45 días, en el caso de los trastornos mentales la duración media asciende a 116 días. Dicho de otro modo: son cada vez más frecuentes y, además, de larga duración.
Hasta aquí, el consenso es absoluto. El desacuerdo surge cuando se trata de explicar las causas, de señalar soluciones o, incluso, de poner nombre al fenómeno. Para algunos, se trata de un problema de «absentismo» laboral en alza; para otros, de un síntoma inequívoco de que el trabajo está enfermando a quienes lo desempeñan. Es en este punto cuando emerge un auténtico diálogo de sordos que condiciona la forma de abordar la cuestión y, en última instancia, de decidir qué hacer frente a ella.
Detrás de esta diversidad terminológica se esconden, en realidad, dos grandes narrativas que pugnan por imponer su explicación de lo que está ocurriendo. Según la primera, lo que se ha disparado no es la enfermedad, sino el fraude: trabajadores que se acogen a dolencias de difícil objetivación (el dolor lumbar, la ansiedad, la depresión) para aprovecharse del sistema y vivir de las rentas públicas (lo que en Twitter llamarían “paguitas”). La segunda narrativa, en cambio, sostiene que las condiciones laborales y organizativas del siglo XXI están deteriorando hasta tal punto la salud de las personas que una parte creciente de la población trabajadora ya no puede resistir más.
El debate se recrudece cuando se trata de explicar por qué el incremento se ha hecho tan evidente en los últimos años. Unos insisten en que las nuevas generaciones son “blandas”, que rehúyen el esfuerzo y que, ante la mínima incomodidad, acuden al médico a pedir una baja. Otros replican que, por primera vez, esa misma juventud ha asumido que la salud mental es un derecho que merece ser protegido y que no tiene sentido arrastrarse enfermo al trabajo como lo hicieron sus padres o sus abuelos.
Aportar más datos, no parece que esté resolviendo el conflicto; al contrario, a menudo lo intensifica. Cuando las estadísticas muestran que las incapacidades temporales son más frecuentes en mujeres que en hombres, las interpretaciones se bifurcan de inmediato. Para unos, ello refleja que las trabajadoras utilizan la IT como una vía para atender responsabilidades de conciliación; para otros, lo que revela es que el peso de la “doble jornada” (el empleo remunerado y las tareas domésticas y de cuidados) multiplica el riesgo de sufrir problemas de salud.
El mismo patrón se repite con otros indicadores. Cuando se observa una mayor prevalencia de bajas entre los asalariados que entre los autónomos, unos sostienen que ello demuestra cómo la protección laboral de los asalariados facilita el fraude; otros replican que, en realidad, es la precariedad y desprotección de los autónomos lo que les impide dejar de trabajar incluso estando enfermos. El debate se reedita si la comparación se establece entre funcionarios y trabajadores asalariados.
Cuando los datos evidencian que las bajas son más cortas si las gestiona una mutua que si lo hace el INSS, una parte lo interpreta como eficacia en el control y detección del fraude, mientras la otra lo denuncia como una presión indebida que obliga a reincorporarse antes de que el proceso curativo haya concluido. En todos los casos, los mismos números sirven para construir relatos opuestos, confirmando que el desacuerdo no radica en la información disponible, sino en la lente con la que se decide interpretarla.
Nos hallamos, una vez más, ante un escenario en el que los datos apenas logran influir en la formación de posturas. Son las sensaciones, las creencias, las suposiciones y, sobre todo, las convicciones previas las que terminan dictando el relato. Este desplazamiento de la evidencia por el prisma ideológico o emocional convierte en un reto mayúsculo cualquier intento de alcanzar consensos y de construir puentes entre posiciones enfrentadas. Con todo, la magnitud del problema exige no desistir: su relevancia social, económica y humana es tal que, aun en medio de la discordia, resulta imprescindible mantener abierto el esfuerzo por comprender y dialogar.
Para ello, hay ir más allá del estrecho marco en el que habitualmente se sitúa el debate sobre la salud en el trabajo, centrado casi en exclusiva en la incapacidad temporal y en los costes económicos que esta genera. El verdadero problema no se inicia con la baja médica, sino mucho antes, en el propio seno de la empresa.
Con independencia de la interpretación que se haga de los datos (ya sea porque se sospecha que algunos trabajadores instrumentalizan de forma fraudulenta la prestación para apartarse de la empresa, o porque se acepta que es el propio trabajo el que acaba enfermando a la persona), la cuestión de fondo debería ser la misma: identificar qué factores organizativos y productivos están desencadenando ese efecto de “huida” del trabajo (qué no se manifiesta solamente a través de la IT sino también a través de jubilaciones anticipadas, no entrar en el mercado de trabajo, etc como bien se ha estudiado por la literatura más especializada en la materia). Solo a partir de ese diagnóstico será posible proponer respuestas eficaces.
Es decir, «algo» está pasando en las empresas que provoca que los trabajadores no puedan más.
Así se llega al núcleo de este análisis: la sobrecarga de trabajo y su estrecha vinculación con la salud de las personas. Según la literatura especializada, las exigencias excesivas de trabajo condicionan de manera determinante la salud mental de los trabajadores en España y también afectan de forma negativa a la salud en general. La prevalencia de una alta intensidad laboral y la sobrecarga laboral como riesgo psicosocial alcanza al 49% de los trabajadores, situando a España claramente por encima de la media europea
De esta forma, medir la carga de trabajo y reducir la sobrecarga de trabajo deberían ser prioridades clave para evitar los problemas de salud mental, reducir las ITs por salud mental, pero también para detener el fenómeno de «la huida del trabajo».
Si quieres saber más respecto a la IT por salud mental, los riesgos psicosociales y la sobrecarga de trabajo te recomiendo el libro La huida del trabajo: sobrecarga de trabajo, salud mental y Derechos Fundamentales
Seguramente todo sea cierto y todos los argumentos tengan algo de razón, porque habrá casos de todos los tipos, que no se diferencian cuando se recaban y analizan los datos. Es más, en el otro lado del porcentaje de bajas, es decir, los que no se dan de baja, están los que siguen trabajando aunque necesiten una baja y, a pesar de ello, no acudan al médico y continúen trabajando, lo cual influye en la salud, el rendimiento laboral y aspectos extralaborales (la familia).
En el caso de los «absentistas», tengo conocimiento de que hay médicos (privados) que se dedican a dar bajas (parece ser que se les dice «bajistas») a demanda del funcionario. Quizás esto se podría resolver poniendo un control externo de la baja, como una segunda opinión médica. También se podrían utilizar otros mecanismos alternativos a la baja, como la reducción de jornada, el teletrabajo, la modificación de tareas a realizar, la reducción de la carga, etc. a propuesta del médico que examine el caso.
Totalmente de acuerdo la gestión del absentismo, pasa por que las empresas miren hacia adentro y miren como se está gestionando a las personas, y aunque estamos en esa digitalización continua, de momento, seguimos siendo necesarias las personas y recordar que hace un año hubo un apagón, lo que tu digitalizacion no está exenta de roturas y absentismos. Yo opino que reflexionar como se lleva a cabo la gestión de rrhh haria descender el absentismo. Apuntado tu libro
Sinceramente las bajas por IT han aumentado desde que el despido a un trabajador en IT es nulo. Esa es la única explicación y quien no lo vea…. Y sí, la gran mayoría son en fraude. Todos, absolutamente todos conocemos a trabajadores que usan los «trastornos mentales» para una baja médica. Y me parece bien, pero debería ir TODO a cargo del Estado.